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¿COMBATIMOS O PROMOVEMOS EL FRAUDE?

Actualmente, las empresas, gobiernos y comunidad en general tienen su vista puesta en el cumplimiento mínimo exigido en las mejores prácticas anticorrupción.


Son muchas las normas, las leyes, decretos, acuerdos y compromisos que han sido expedidos para tratar de frenar un mal que no muchos están dispuestos a terminar, por lo menos en su fuero interior; así que se esmeran por demostrar que cumplen con los estándares exigidos para poder seguir funcionando, mientras que camuflan la realidad de la empresa.  Algunos tienen más intenciones que el ocultamiento, aprovechan la situación para lucrarse a costa del bienestar común sin ningún tipo de remordimiento, pensando que si acaso los descubren, la empresa ha destinado un fondo para pagar las sanciones que la ley podría imponer por no cumplir con la normatividad.


¿Será que al pagar las sanciones y ajustarme a los requerimientos mínimos salvará a la empresa de la pérdida reputacional a la que se verá enfrentada?  Difícil.  Las personas y empresas, ya sea por convicción o por el qué dirán, procurarán terminar con las relaciones perjudiciales, generando un agujero más grande en las finanzas que el que dejó el pago de las multas impuestas.


¡Es hora de ser coherentes! No tiene sentido gastar dinero ni tiempo en tratar de seleccionar las personas más íntegras para que trabajen en las empresas, cuando desde adentro se motiva y promueven los actos deshonestos. Hoy sirven a lo que serían los “intereses” de las empresas pero muy fácilmente todo esto puede cambiar para servir a los intereses individuales de aquellos a los que se les entrenó para sacar ventaja, ocultar y engañar.



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